Las solicitudes de refugio de los ciudadanos cubanos que llegan a Uruguay han crecido hasta las 20,000 pendientes, según declaró a un medio local el subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni.
El diplomático indicó que la situación de los cubanos se diferencia de la de los venezolanos, otro grupo cuyas solicitudes también van en aumento, porque los cubanos necesitan visa para ingresar a Uruguay y utilizan la figura del refugio para poder quedarse. En muchos casos, estas solicitudes terminan siendo denegadas, informó el medio Subrayado.
Políticas para afrontar la crisis
Albertoni puntualizó que el gobierno uruguayo ha implementado dos políticas para solucionar la problemática: una es la residencia por arraigo para los ciudadanos cubanos y la otra es un proceso simplificado de refugio para los venezolanos, que cuentan con 3,800 solicitudes.
“Cuando solicitan un refugio político es porque realmente lo están necesitando”, afirmó Albertoni, aunque esto no necesariamente signifique que les será concedido. “No es que a todos se les dará, sino que la respuesta de sí o no les va a llegar más rápido, porque a veces sucedía que estaban dos años esperando la respuesta”, añadió el subsecretario.
En la nación sudamericana, los pedidos de regularización por parte de los cubanos se han hecho frecuentes. "No más visa para iniciar trámite de residencia", han reclamado los afectados en diversas oportunidades, durante manifestaciones tanto frente a la Presidencia como a la cancillería uruguaya.
Unos 5,000 cubanos están en un “limbo migratorio” en Uruguay, pues no tienen estatus de refugiados y tampoco pueden renunciar a la solicitud de refugio para tramitar la residencia permanente que les permitiría la reunificación familiar.
Fue en mayo del presente año cuando el gobierno de Uruguay firmó un decreto que permitirá a miles de cubanos en ese país resolver su situación migratoria. La normativa fue firmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior y permitirá a los indocumentados legalizarse a través de la "residencia por arraigo", una figura legal que beneficia a los solicitantes de refugio que no cumplían con las condiciones para serlo.