Un juez federal en Texas ha ordenado este lunes una pausa temporal en el programa migratorio Parole in Place (PIP), el cual facilita a los cónyuges inmigrantes ilegales de ciudadanos estadounidenses obtener un camino hacia la ciudadanía si cumplen ciertos requisitos.
La decisión fue tomada por el juez de distrito de Texas, J. Campbell Barker, quien emitió una suspensión administrativa después de que 16 estados, liderados por fiscales generales republicanos, presentaran una demanda el pasado 23 de agosto. Los demandantes argumentan que la política incentivaría la inmigración ilegal.
Una decisión controvertida
El juez Barker señaló que las demandas planteadas son serias y que merecen un análisis más profundo, que la corte todavía no ha podido realizar. La pausa se produjo justo una semana después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzara a aceptar solicitudes, el pasado 19 de agosto.
La orden suspenderá el programa por al menos 15 días mientras continúa el proceso legal. Abogados que representan a las familias elegibles confirmaron que varias de ellas ya habían sido notificadas sobre la recepción de sus solicitudes antes de la suspensión.
Karen Tumlin, fundadora y directora del Justice Action Center, criticó la decisión bajo el argumento de que "Texas no debería tener el poder de decidir el destino de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges inmigrantes sin enfrentar la realidad".
El impacto del Parole in Place
El presidente Joe Biden había anunciado el programa de Parole in Place en junio. El PIP ofrece a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses que no tienen estatus legal, pero que cumplen con ciertos requisitos, una vía para obtener la ciudadanía mediante la solicitud de una tarjeta verde, permitiéndoles permanecer en Estados Unidos durante el proceso.
Anteriormente, obtener la residencia para aquellos que estaban en el país de manera ilegal tras casarse con un ciudadano estadounidense era un proceso complejo y riesgoso, que a menudo implicaba regresar al país de origen sin la certeza de poder regresar a Estados Unidos.
Para ser elegibles, los solicitantes deben haber estado en Estados Unidos de manera continua durante al menos 10 años, no representar un peligro para la seguridad, no tener antecedentes penales que los descalifiquen y estar casados con un ciudadano estadounidense con fecha anterior al 17 de junio de este año.
Los solicitantes deben pagar una tarifa de 580 dólares y completar un formulario (I-131F) que incluya la explicación de por qué merecen el parole, además de una extensa lista de documentos que confirmen que el solicitante ha estado de forma continua en el país.
Si la solicitud es aprobada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los peticionarios tendrán tres años para alcanzar la residencia permanente y durante ese período podrán obtener autorización para trabajar. La Casa Blanca estima que aproximadamente 500,000 personas podrían ser elegibles para este programa, además de unos 50,000 de sus hijos.
Antes de esta primera pausa temporal, que no se sabe en qué sentido se resolverá, otra de las dudas y riesgos planteados por los abogados era si este programa sobrevivirá a las futuras elecciones presidenciales.