El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) de Cuba ha tomado medidas drásticas al cerrar negocios y retirar proyectos de trabajo a 368 “actores no estatales” entre el 17 y el 23 de agosto, continuando así su campaña de control sobre el sector privado.
En solo una semana, el gobierno ordenó el cierre de 171 establecimientos y la cancelación de 197 proyectos de trabajo de emprendedores particulares. Además, se realizaron 58 decomisos de productos y 773 ventas forzosas debido a supuestas “violaciones detectadas”.
El MFP justificó las sanciones por razones como “comercializar productos sin exponer los precios, no mostrar la licitud de las materias primas, no exhibir los códigos QR de las pasarelas y emplear personal sin la contratación adecuada”, según informó el diario oficial del régimen, Granma.
Acciones de control y sanciones masivas
Las “acciones de control” del organismo gubernamental se enfocaron en detectar violaciones de precios, inspección fiscal y bancarización. Esta ofensiva se ha intensificado desde que comenzó la campaña de fiscalización del sector privado.
En esta semana, las autoridades aseguraron que las principales violaciones fueron el incumplimiento de los precios aprobados por el Comité de Contratación y Concertación de Precios y los regulados en la Resolución 225/2024 del MFP.
Con esta normativa, vigente desde julio pasado, el gobierno fijó los precios minoristas de seis productos básicos de alta demanda: pollo troceado, aceite comestible (excepto el de oliva), leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo. Desde su implementación, se han incrementado los operativos de control en todo el país para detectar violaciones de precios en el sector no estatal y sancionar a los infractores.
El MFP informó que hasta la fecha se han realizado 157,331 acciones de control fiscal, determinando adeudos por un total de 2,999,390,000 pesos. Además, se efectuaron 49 auditorías fiscales con un importe de 58,605,000 pesos y 2,772 operaciones de fiscalización con un importe de 886,314,000 pesos.
Las autoridades supervisaron el cumplimiento de las obligaciones de 154,510 contribuyentes, de los cuales 99,871 habían subdeclarado. A estos se les determinó una deuda de 2,054,471,000 pesos.
Consecuencias y reacciones
A mediados de julio, tras la implementación de los precios topados a los negocios privados, el primer ministro Manuel Marrero Cruz afirmó que el gobierno no busca cerrar negocios indiscriminadamente, sino persuadir a los comerciantes para que cumplan con las regulaciones establecidas. Sin embargo, a poco más de un mes de implementada la Resolución 225/2024, la cruzada del régimen sobre el sector privado se ha intensificado.
La población ha denunciado la “desaparición” de muchos productos con precios fijos de las ofertas de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Asimismo, persisten las quejas sobre las tiendas estatales en moneda libremente convertible (MLC), cuyo exorbitante precio es prohibitivamente alto para la mayoría de los cubanos.
Marrero Cruz reconoció en julio que los precios topados se establecieron para frenar su crecimiento descontrolado, aunque admitió que aún no reflejan la relación adecuada entre precios y salarios. También reconoció que las tiendas en MLC venden a precios iguales o más altos que las mipymes.