Una familia cubana enfrenta momentos tensos debido a un presunto intento de desalojo ilegal, desencadenado por un conflicto de larga data sobre la propiedad de una vivienda, según denunció públicamente Carlos Yordano Sánchez.
"Estoy publicando esto porque es un problema que afecta a mi familia desde hace cinco años, un asunto que considero bochornoso y muy desagradable. Todo comenzó cuando mi abuela Valentina, quien vivía en la casa de mi mamá, decidió mudarse el 7 de marzo de 2019. Ahora, ella ha interpuesto una demanda contra mi mamá, quien es la legítima propietaria de la vivienda", comentó Sánchez en la red social Facebook.
Un fiscal bajo la lupa
El problema se agrava por la supuesta participación de un fiscal, nombrado Gabriel, quien ha amenazado con quitarle la casa a su madre utilizando su influencia y poder. "Gabriel, con sus propias palabras, dijo que le iba a quitar la casa a mi mamá y que no le pasaría nada porque es fiscal. Con esa confianza, allanó la casa, rompió puertas y ventanas, y robó varios bienes, incluidos documentos legales de propiedad", agregó.
La situación empeoró cuando, a pesar de que testigos confirmaron que el padrastro de Sánchez no había cometido los actos vandálicos, fue detenido por la policía mientras Gabriel seguía sin enfrentar consecuencias legales.
"Han pasado más de tres meses desde ese incidente, y Gabriel no ha sido arrestado ni llevado a juicio. Lo peor es que mi mamá, por miedo al poder de Gabriel, ha decidido abandonar la casa, aunque legalmente no debería haber tenido que hacerlo", denunció Sánchez.
"Todavía no se han tomado acciones, y hay más personas involucradas ayudando a Gabriel a seguir cometiendo actos ilegales. Lo peor es que no podemos estar al lado de mi mamá para apoyarla", concluyó Sánchez, haciendo un llamado a la solidaridad y a la difusión del caso.
Nuevas leyes de desalojo en Cuba
En 2023, el gobierno cubano endureció las herramientas legales para el desalojo de las personas que ocupen viviendas o propiedades estatales ilegalmente, fenómeno que se ha incrementado en medio de la crisis de la vivienda en la isla y del éxodo migratorio.
El Tribunal Supremo Popular publicó en la Gaceta Oficial el Dictamen 471 de 2023, que contiene las "Indicaciones de cómo proceder en el supuesto del delito de Usurpación del Artículo 421 del Código Penal".