La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) ha revelado las cifras de los beneficiarios del parole humanitario que han ingresado a Estados Unidos desde el inicio del programa en 2023 hasta julio de 2024. Durante este período, un total de 110,000 cubanos han sido examinados y autorizados para viajar.
Hasta finales de julio, más de 520,000 personas de Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba han sido beneficiadas por este programa de la administración de Joe Biden. Específicamente, desde el 5 de enero, fecha en que se implementó el programa, 109,000 cubanos, 205,000 haitianos, 90,000 nicaragüenses y 115,000 venezolanos llegaron legalmente y obtuvieron la libertad condicional, según el documento publicado en la página web de CBP.
Números reveladores y preocupaciones por fraude
Las cifras anunciadas muestran que 4,870 cubanos lograron ingresar a EE.UU. con parole humanitario durante julio, ya que hasta junio, 104,130 ciudadanos cubanos se habían beneficiado de este programa. Sin embargo, los haitianos continúan siendo el grupo más favorecido en la concesión del parole humanitario y el de mayor crecimiento en la entrada de sus nacionales a territorio estadounidense, entre las cuatro nacionalidades que reciben el beneficio migratorio.
Para las estadísticas del mes de agosto se anticipa una baja significativa debido a la suspensión temporal de los permisos de viaje por parte del gobierno de EE.UU. desde inicios de este mes. Un informe interno reveló niveles significativos de fraude, según informó Fox News citando a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el pasado 2 de agosto.
La fuente gubernamental indicó que, "por precaución", han suspendido la emisión de autorizaciones de viaje anticipadas para el programa desde mediados de julio, mientras revisan detalladamente las solicitudes de los patrocinadores, que es donde se han detectado mayores problemas de fraude.
Consecuencias del fraude en el parole humanitario
El documento revela que para cubanos, haitianos y nicaragüenses el programa había sido suspendido desde el 18 de julio de 2024, mientras que para los venezolanos la suspensión estaba vigente desde el 6 del mismo mes. Entre los fraudes más comunes, las autoridades han detectado el uso de números de seguro social de personas fallecidas, direcciones incorrectas (de almacenes y negocios) para evitar dar el domicilio real donde vivirían los beneficiarios del programa, y el uso de datos de patrocinadores sin su autorización.
El abogado de inmigración José Guerrero advirtió en una entrevista que si el parole de un beneficiario está relacionado con un fraude, perderá su proceso. Quienes han pedido ayuda para llenar un formulario o han pagado por ello, deben tener los datos de contacto de la persona que inició ese trámite y documentar con imágenes cada paso, para demostrar que no estuvieron implicados en el fraude.
El abogado precisó que las penas pueden ser de hasta 10 años de cárcel en caso de que se demuestre que una persona cometió fraude con el programa.