En el municipio de Camagüey, cuatro familias recibieron nuevas viviendas de madera, como parte de una política del Estado cubano destinada a proteger a las personas en situación de vulnerabilidad.
Esta iniciativa, que prioriza comunidades en la periferia y barrios en transformación, ha sido aclamada por las autoridades políticas como un esfuerzo significativo para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, pero su impacto social es mínimo.
La realidad detrás de esta acción dista mucho de ser ideal. Las viviendas entregadas, fueron construidas con materiales de baja calidad y con terminaciones deficientes, requieren restauraciones a corto plazo, según ha reconocido el propio gobierno.
El Estado ha destinado en Camagüey solo cinco millones de pesos cubanos para este proyecto. La iniciativa es insuficiente frente a la gran demanda de casas que hay en la provincia y en el país.
Miles de familias en Cuba siguen sin acceso a una vivienda digna, una situación que se agrava con el paso del tiempo, el encarecimiento de los materiales de construcción, y los continuos derrumbes a lo largo y ancho de la isla.
El gobierno cubano incumple repetidamente el plan de construcción de viviendas, mientras que no ha fallado en la construcción de hoteles, a pesar de la baja ocupación que estos presentan.
Al cierre de 2023, solo se culminaron cerca de 13,300 inmuebles en Cuba, lo que representa apenas el 54% del plan anual, dejando a miles de familias sin hogar y reflejando la ineficacia de las políticas habitacionales del régimen.