Plataformas feministas confirmaron este lunes un doble crimen en el poblado rural Suferry, en la provincia de Ciego de Ávila, como un nuevo feminicidio en Cuba. En este trágico suceso fallecieron una mujer, su padre y quedó herida una amiga de la familia.
La víctima femenina, de 28 años e identificada como Yumary Morales Guerra, perdió la vida el pasado 15 de julio a causa de las graves heridas infligidas por su expareja. En el grave incidente, ocurrido el 8 de julio, murió instantáneamente Félix Morales, según confirmó en redes sociales Alas Tensas, que también mencionó a una amiga de Yumary, quien resultó herida y se está recuperando de la agresión.
Aunque las plataformas feministas no identificaron al agresor, medios independientes previamente lo identificaron como Richard Sánchez Ferrales. Este hombre, que disfrutaba de un pase de la cárcel, irrumpió la noche del 8 de julio en la vivienda de su expareja, asesinando primero a su exsuegro, un anciano de 70 años, con una mocha por la espalda. Acto seguido, Sánchez Ferrales arremetió con la misma arma blanca contra Yumary, dejándola gravemente herida.
Yoledys Díaz Batista, una joven vecina y amiga de Yumary que acudió en apoyo de la familia, también resultó herida en un brazo y se encuentra todavía ingresada.
Un problema creciente en Cuba
Hasta el 29 de julio, el subregistro de feminicidios verificados por plataformas feministas en 2023 asciende a 31 casos, además de tres intentos de feminicidio y seis casos pendientes de investigación. También se investigan alertas en provincias como Las Tunas, Matanzas, La Habana y Santiago de Cuba.
El gobierno cubano, por ahora, no contempla la figura del feminicidio en el Código Penal vigente, aprobado en mayo de 2022. Sin embargo, en respuesta a la creciente presión ciudadana y de las plataformas feministas independientes, se ha anunciado la creación de un sistema nacional de registro, atención, seguimiento y monitoreo de los hechos de violencia de género en el ámbito familiar.
Un reciente reporte del oficialista periódico Granma mencionó que el sistema estará conformado por “25 expertos” del Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo Popular, cuyo objetivo es desarrollar “un registro administrativo informatizado e interoperable, utilizando las plataformas propias de estas instituciones para la gestión de los procesos penales”.