El gobierno cubano creó un sistema nacional de registro, atención, seguimiento y monitoreo a los hechos de violencia de género en el ámbito familiar, según se informó en una reunión del Consejo de Ministros.
Un sistema con dudas
Un reporte del oficialista periódico Granma menciona que el Sistema está conformado por “25 expertos” del Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo Popular, y su objetivo es desarrollar “un registro administrativo informatizado e interoperable, que utilizaría las plataformas propias de estas instituciones para la gestión de los procesos penales”.
La fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, indicó que la mayor utilidad de este seguimiento es que sirva de base de datos para “contar con información estadística para la prevención en la lucha contra los hechos de violencia de género”.
Para los dirigentes cubanos, “la implementación del Sistema Nacional de registro y la transparencia de los resultados fortalece el Estado de Derecho, contribuye a desalentar las manifestaciones de violencia, combate la impunidad, eleva la educación jurídica de la población y fortalece el tejido social en torno a un problema que concierne a todos”, defendió Peña Ojeda.
Asimismo, la fiscal general cubana señaló que durante 2023, el régimen de la isla obtuvo datos sobre estos casos, entre los que sobresalió que el 75% de los hechos se produjeron en la vivienda, y advirtió que esta tendencia sigue este año. Además, el 72% de los hechos correspondió a víctimas entre 25 y 59 años; el 45 % son trabajadoras no remuneradas.
Aseguraron que “fueron identificadas las sobrevivientes que sufrieron maltratos durante la relación, y las que hicieron denuncias previas por amenazas o lesiones, en ocasiones retiradas como parte del ciclo de la violencia”.
Faltan cifras claras
Peña Ojeda sentenció que, según sus datos, el 84% de los victimarios eran pareja o expareja; el 46% tenía noveno grado de escolaridad; el 40% mantenía vínculo laboral; y el 31% tenía antecedentes penales de hechos violentos.
No obstante a esos porcentajes, el gobierno sigue sin ser claro en las cifras que maneja y existe poca claridad en los números que aporta a la población, sobre todo cuando las plataformas feministas cubanas, que llevan un trabajo sostenido en la recuperación y denuncia de los casos, han registrado 220 feminicidios en la isla desde 2019 hasta 2023, de ellos 89 ocurrieron ese último año.
Tanto los observatorios independientes Alas Tensas (OGAT) y YoSiTeCreoCuba hacen sus registros ante la mirada pasiva de las autoridades que se niegan a reconocer que la muerte violenta de mujeres es un problema creciente.
En su Consejo de Ministros, el régimen enumeró sus pautas para valorar la violencia de género: actuaciones en posición de dominio; manifestando que los hombres estaban inconformes con la ruptura de relaciones. Otro rasgo es que una cifra aprovechó la presencia de hijos para infligir más sufrimiento; así como que se hizo empleo de armas blancas o de fuego, o las propias manos de los agresores.
Feminicidio en Cuba: una realidad negada
También, es importante reconocer que el régimen cubano no contempla la figura del feminicidio en el Código Penal vigente, que fue aprobado en mayo de 2022.
Mientras que escondido tras argumentaciones semánticas y politiquería barata, el totalitarismo comunista imperante en Cuba elude hablar de la violencia de género con la terminología utilizada y aceptada internacionalmente por todos los países que reconocen la existencia y combaten este flagelo.
Por su parte, el gobernante Miguel Díaz-Canel ha calificado al feminicidio como una “construcción mediática” de los medios independientes.
“Las plataformas subversivas anticubanas intentan imponer la matriz de que en Cuba existe feminicidio, término que indica supuesta inacción estatal ante hechos violentos por razón de género. Podemos asegurar aquí categóricamente que esa es una construcción mediática ajena por completo a la realidad cubana”, afirmó en marzo pasado Díaz-Canel en la clausura de un Congreso de la insípida Federación de Mujeres Cubanas.
La justificación para no hacerlo, según Díaz-Canel, es que no existe “inacción estatal” ante estos crímenes. El subterfugio pretende encubrir la naturaleza profundamente patriarcal y machista que subyace en la sociedad cubana y, especialmente, en el imaginario viril desarrollado por la propaganda de la llamada “revolución” y el adoctrinamiento del Partido Comunista de Cuba.