Julio César Llorente López, cubano residente en República Dominicana, fue sentenciado a un mes de prisión por agredir a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en el sector Piantini de Santo Domingo.
La agresión ocurrió en agosto de 2023, después de que el agente lo multara por usar su celular mientras conducía. Testigos del hecho grabaron un video donde se observa al cubano darle una bofetada al policía de tránsito. El agente reaccionó alejándose, pero Llorente López mantenía una actitud desafiante. Estas imágenes se hicieron virales en las redes y fueron el centro de grandes críticas hacia la comunidad cubana en RD, donde los locales exigían a los inmigrantes de la isla mayor respeto hacia las autoridades dominicanas.
Sentencia y consecuencias
La sentencia fue emitida por la jueza Diana P. Moreno Rodríguez de la Octava Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional esta semana. La pena de prisión fue cumplida cuando el cubano estuvo bajo medida de coerción. Sin embargo, además del período de cárcel, Llorente López, que es natural de Cienfuegos, debe pagar una indemnización de RD$75,000 al agente José Anthony Alcántara Rojas, de 23 años.
El abogado defensor del cubano, José Martínez Hoepelman, explicó que su cliente asumió la responsabilidad del acto y aceptó la sanción penal impuesta.
Detalles del incidente
El incidente se produjo cuando el agente Alcántara Rojas multó a Llorente López por violar el artículo 221 de la Ley 63-17 de Tránsito, que prohíbe el uso de dispositivos móviles mientras se conduce. El cubano reaccionó violentamente, golpeando al agente en el rostro y arrebatándole los documentos.
Durante el juicio, el Ministerio Público había solicitado una pena de dos años de prisión y una multa de RD$5,000, pero se llegó a un acuerdo que redujo la condena. El agente Alcántara Rojas aceptó la indemnización y el acuerdo fue aprobado por el tribunal.
La sentencia también menciona que Llorente López fue detenido un día después del incidente y liberado el 14 de septiembre del 2023, tras una apelación que argumentó cómo su detención no cumplió con los procedimientos legales adecuados.
Esta resolución pone fin a un caso que ha captado la atención pública por un año y resalta la importancia de respetar a las autoridades de tránsito y las leyes establecidas para garantizar la seguridad en las vías, en todos los países del mundo.