Amaury Depestre, director del central azucarero "14 de julio", en Cienfuegos, reveló esta semana que para culminar la última zafra y cumplir con los objetivos, se tuvo que recurrir a 113 reclusos que se incorporaron a las labores. "Hay que trabajar en conjunto, los Gobiernos, el Partido, los centrales... Todos debemos buscar soluciones para desarrollar la zafra. Debemos unirnos desde ahora para la próxima", afirmó.
Durante un debate desarrollado en la noche del lunes, previo a la sesión parlamentaria programada para este miércoles, Depestre -citado por el portal oficialista Cubadebate- no especificó las condiciones bajo las cuales trabajaron los presos. Sin embargo, desde marzo, tanto cubanos como extranjeros que cumplen penas de cárcel en el país tienen derecho a trabajar dentro y fuera de las cárceles, y cuentan con una norma que establece su trato laboral y salarial, según apunta la agencia Afp.
Durante su intervención, Depestre hizo un llamado a poner atención sobre los salarios del sector y la emigración que ha castigado a la industria en los últimos años. No es la primera vez que directivos de empresas o diputados se quejan de la falta de fuerza de trabajo en la agricultura, históricamente afectada por el éxodo del campo a la ciudad. A esta circunstancia se suma ahora la masiva emigración al extranjero de la población cubana y el desplazamiento de trabajadores agrícolas hacia empleos mejor remunerados, especialmente en el creciente sector privado.
Zafra en crisis
Noel Rolando, diputado por el municipio Remedios, en la provincia de Villa Clara, señaló que además del salario hay otras vías para incentivar y comprometer a los trabajadores. "La parte monetaria influye mucho, pero también la atención. A veces uno puede resolver problemas a los trabajadores, que pueden influir en su rendimiento", comentó.
Desde 2021, el grupo empresarial AZCUBA ha intentado frenar la caída del sector, pero la zafra 2022-2023 apenas alcanzó las 350,000 toneladas de azúcar, cifra que supone apenas un 4,4% de lo que Cuba llegó a producir a principios de la década de 1990. Julio García Pérez, presidente de AZCUBA, no informó en esta ocasión a los parlamentarios sobre los resultados finales de la zafra que concluyó en mayo.
Durante los meses de febrero a junio, los diputados que integran la Comisión Agroalimentaria evaluaron la zafra azucarera con visitas a 23 empresas agroindustriales azucareras y 39 cooperativas agropecuarias productoras de caña. Visitas en las que se confirmó la poca disponibilidad de lubricantes, combustibles y otros insumos. "Durante la zafra no se logró cumplir en la mayoría de las empresas agroindustriales con las medidas organizativas para asegurar la tarea diaria y los niveles productivos, mezclándose problemas subjetivos con limitaciones reales de carencias, lo cual revela indisciplinas y falta de exigencia de presidentes de cooperativas y jefes de áreas en la industria", comentó el presidente de AZCUBA sin dar cifras.
García Pérez también se refirió a la fluctuación de la fuerza laboral como uno de los elementos distintivos de los últimos años en el sector. Al cierre del primer trimestre de 2024 disponían de 6,723 trabajadores estatales y de 7,418 cooperativistas.
Otro asunto que afectó negativamente la cosecha y los procesos industriales fue la quema de la caña. En total, fueron afectadas unas 750,000 toneladas; 16,000 hectáreas no se cortaron, quedaron en los campos y, por tanto, afectaron las cepas, según el presidente de AZCUBA. Julio García Pérez subrayó la necesidad de encontrar soluciones novedosas que permitan detener el deterioro que enfrenta la agroindustria azucarera.