El gobernante Miguel Díaz-Canel respondió al secretario de Estado Antony Blinken por mantener a la isla en su máximo nivel de alerta en el Informe sobre trata de personas y dijo que se trata de una "maniobra de la guerra abierta contra la colaboración médica cubana".
"El imperio ha vuelto a listar a #Cuba en su manipulador Informe sobre trata de personas. Indignante maniobra de la guerra abierta contra la colaboración médica cubana. Basta de cinismo, @SecBlinken. Usted conoce bien nuestra política de #ToleranciaCero a esa criminal práctica.", dijo en un mensaje difundido en redes sociales.
El presidente cubano, en su declaración, acusó a Estados Unidos de utilizar el informe de manera manipuladora y como parte de una campaña de guerra abierta contra la colaboración médica de Cuba, una iniciativa que La Habana defiende como un esfuerzo humanitario.
La verdad detrás de la "colaboración médica"
El régimen insiste en que el envío de galenos a otros países forma parte de una "colaboración médica" como si tal servicio fuera gratis; aunque es conocido que La Habana cobra enormes sumas por estas misiones y a los médicos les pagan apenas un pequeño porcentaje de las ganancias.
El informe del Departamento de Estado, publicado este martes, confirmó que Cuba seguirá en el Nivel 3, el más alto, por no cumplir con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas. Este nivel indica que el gobierno cubano no solo no está realizando esfuerzos significativos para abordar la problemática, sino que también persiste en prácticas gubernamentales que facilitan y se benefician del trabajo forzoso.
Aunque el gobierno cubano aprobó el Plan de Acción Nacional (PAN) 2023-2026 para combatir la trata de personas, las medidas adoptadas hasta el momento han sido consideradas insuficientes frente a las acusaciones de que el país se beneficia del trabajo forzoso, especialmente a través del programa de exportación de mano de obra, incluyendo las misiones médicas en el extranjero, que han sido objeto de controversia.
Condiciones laborales inhumanas
El informe revela que el gobierno cubano sigue desplegando trabajadores en el extranjero bajo condiciones coercitivas y engañosas. A menudo, estos trabajadores, muchos de ellos profesionales de la salud, tienen sus pasaportes y credenciales profesionales confiscados, son sometidos a estrictos toques de queda y vigilancia, y reciben salarios muy por debajo de lo prometido.
El gobierno retiene una parte significativa de sus salarios y no les informa adecuadamente sobre los términos de sus contratos, los cuales varían de un país a otro. Además, las autoridades amenazan y castigan a los trabajadores y sus familias si intentan abandonar el programa. Estas prácticas han sido ampliamente documentadas por víctimas, ONG, organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, quienes acusan a funcionarios cubanos de facilitar graves abusos contra los derechos humanos y de trabajo forzoso.
Uno de los aspectos más preocupantes es que el gobierno cubano continúa enviando a sus ciudadanos a trabajar en condiciones de explotación a países de África, Asia, América Latina y el Caribe, entre otros; y evadiendo las solicitudes de aclarar la situación ante relatores internacionales que han pedido explicación sobre estas misiones médicas.
En muchos de estos destinos, los trabajadores cubanos son utilizados en programas que bordean la esclavitud moderna. Estos programas son presentados como misiones de solidaridad, pero en realidad son mecanismos de explotación laboral que generan ingresos significativos para el gobierno cubano, destacó el Informe.
Complicidad y falta de acción
El gobierno cubano ha mostrado una disminución significativa en los esfuerzos de procesamiento y condena de delitos de trata. Según los datos oficiales más recientes, en 2022 se identificaron solo seis víctimas de trata sexual, el número más bajo en una década. Además, no se informó de ninguna investigación, procesamiento o condena por trata laboral.
El artículo 363.1 del código penal cubano penaliza la trata laboral y algunas formas de trata sexual, con penas de siete a 15 años de prisión. Sin embargo, la ley no incluye disposiciones claras para los casos de trata sexual infantil, lo que dificulta la protección efectiva de estos menores.
A pesar de la gravedad de estas acusaciones, las autoridades cubanas no han hecho esfuerzos suficientes para investigar o procesar a los responsables de estos delitos. En muchos casos, los mismos funcionarios del gobierno están implicados en las redes de trata, lo que crea un ambiente de impunidad y complica aún más la lucha contra estas prácticas.
Según el Informe del Departamento de Estado, la complicidad de las autoridades no solo facilita la explotación laboral y sexual, sino que también disuade a las víctimas de denunciar los abusos por temor a represalias.